Lo admitió Mariano Díaz, el titular del inmueble donde funcionará un Multirubros. El empresario local sostuvo que suspender las habilitaciones es retrógrado. Su abogado consideró que hubo un apresuramiento de los concejales.

   A la espera de la promulgación de la Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que suspende la habilitación de nuevos comercios en Sastre y Ortiz por 180 días, el dueño del inmueble de la discordia cuestionó la actitud de los concejales y lanzó duras declaraciones.

   La discusión ya quedó instalada y la grieta por la apertura de un Multirubros de origen boliviano se profundizó durante el fin de semana. “Acá lo más fácil es hacer un grupo de 20 o 30 personas, unirse, apoyarse uno con el otro y cerrar a Sastre a todos. Con ese concepto lo terminamos arando y cerramos el pueblo solo para 30 negocios”, sostuvo Mariano Díaz, el propietario del local que estuvo abandonado durante 16 años.

   El joven empresario sastrense negó tener algún problema con el grupo de comerciantes que mostraron su preocupación ante la eventual apertura de un nuevo comercio de esa magnitud en la ciudad. “Uno trata de defender lo que tiene. Ese local tiene todos mis ahorros. Ya me negaron abrir un supermercado chino y ahora me salen con esta medida que es prohibitiva, aunque digan que es temporal”, afirmó y contempló cierto grado de racismo en los cuestionamientos.

   Sorprendido por el apoyo de una gran parte de la comunidad y comerciantes, Díaz señaló que existe un error en el planteo de los comerciantes, quienes quizás de buena fe, piensan que la solución a sus problemas de ventas, cargas impositivas y demás gastos, pasa por impedir la competencia. “En otras ciudades, la instalación de tiendas del mismo rubro obligó a otros comercios a mejorar y acomodarse a las reglas del juego, que son muy amplias”, agregó.

   Al mismo tiempo, se mostró molesto por la actitud de los concejales a quienes les pidió tener un poco de sentido común. “Tuvimos un año sin Concejo, y ahora salen votando medidas retrógradas, que nos hacen retroceder a la década del 20”, confió y se preguntó: “si van a dar esa visión a los empresarios de la zona, quién van a venir a invertir a Sastre”.

   “Uno tiene que prepararse para crecer y no demostrar que el crecimiento como ciudad es cerrándonos”, aseguró y consideró: “si no entendemos esto, estamos dando otro paso conservador en la historia de Sastre”.

   Por último, el propietario del local de dos plantas que le cambió la imagen al centro de la ciudad, confirmó que los inquilinos ya comenzaron con el montaje del negocio y anunció que van a continuar con los trámites para obtener la habilitación si no hay ningún impedimento. “Yo tengo un contrato firmado, lo abrirán y si me lo hacen cerrar, alguien va a tener que acarrear con todos esos gastos”, precisó.

   El empresario de la construcción se tomará unos días para encarar la reforma del primer piso y la parte trasera, donde actualmente hay un galpón. “Voy a esperar que medidas va a tomar la Municipalidad, porque no puedo seguir gastando en un lugar si me frenan un negocio”, deslizó.

   Por otra parte, el abogado Dr. Franco Cáneva consideró que el Concejo se apresuró en hacerse eco del pedido de suspensión de habilitaciones comerciales por seis meses, ante la coyuntura de la inminente apertura de un nuevo comercio y en vistas a poder aggiornar las regulaciones ya establecidas.   

   “Si la idea es habilitar una etapa de discusión, lo lógico hubiera sido mantener el estado de cosas, hasta tanto se revea la situación y no preventivamente prohibir nuevas habilitaciones, mientras se estudie y profundice el caso”, argumentó el representante legal de Mariano Díaz. Y añadió: “no se puede suspender por las dudas y para brindar una suerte de respuesta demagógica a la inquietud presentada por un grupo de comerciantes, que no están pasando por su mejor momento”.

   En ese marco, el abogado estimó que el Concejo impide el ejercicio de derechos y garantías constitucionalmente consagrados. “No puede ni el Concejo, ni el Municipio regular el mercado comercial, determinando rubros permitidos o vedados, creando monopolios de acuerdo a los intereses de los comerciantes del rubro ya establecidos”, analizó.

   Consultado por el antecedente del decreto promovido por el Ejecutivo de la ciudad de San Jorge, Cáneva recordó que en su tratamiento fue rechazado por los seis concejales. “Si ese es el precedente, sepan los concejales de Sastre que no tuvo la mejor de la suerte, a instancias del propio Concejo de San Jorge, votado en contra por 6 a 0. El ejemplo que, en todo caso, debieron haber tomado es precisamente el de sus pares de la vecina ciudad y no la medida propuesta por el Ejecutivo”, apuntó.

   Por último, manifestó que las autoridades reconozcan el error y apresuramiento - seguramente cometido de buena fe-, esperar que el Ejecutivo Municipal ya con más tiempo y adecuadamente asesorado, evite promulgar una ordenanza claramente inconstitucional.

   “En caso de no hacerlo, no solo incurriría en acto claramente arbitrario y contrario a derecho, sino que, además colocaría al Municipio en una situación de tener que responder por los daños y perjuicios que tal determinación va a ocasionar en perjuicio de todos los ciudadanos, entre los cuales me incluyo”, finalizó.