El Concejo Municipal de Sastre y Ortiz aprobó la Ordenanza 1.456/2026 que agrava las sanciones de tránsito, elimina beneficios para reincidentes y endurece los requisitos para recuperar vehículos retenidos o secuestrados.

El Municipio busca reforzar la seguridad vial con multas más altas y controles más estrictos para infractores reincidentes.

   Frente al incremento sostenido de la circulación vehicular en la ciudad y la persistencia de conductas riesgosas, el Honorable Concejo Municipal de Sastre y Ortiz aprobó una profunda reforma a los códigos de Procedimiento y de Tránsito. La nueva normativa, impulsada por el Ejecutivo local, surge ante la evidencia de que las sanciones anteriores no resultaban suficientes para desalentar infracciones que amenazan la integridad física de los vecinos. 

   La nueva norma de tránsito no es solo un ajuste de números: es la respuesta a un problema concreto y documentado. Así lo explicó el secretario de Gobierno municipal, Edgardo Figueroa, quien tiene bajo su órbita el área de Tránsito y fue uno de los impulsores de la iniciativa.

   El funcionario fue directo al explicar el origen de la reforma. El esquema anterior permitía que el propietario de un vehículo retenido retirara su moto o auto abonando una multa mínima y volviera a circular casi de inmediato, sin que la sanción económica generara ningún efecto disuasivo real. "Era un trabajo bastante arduo", reconoció, quien impulsó el proyecto para endurecer las sanciones y ponerle un costo real a la reincidencia.

   "Justamente para alertar a ese vecino que circula de manera imprudente, que no cumple con las normativas, que hasta lo hace de manera impetuosa, decirle que esta vez, si le retenemos la moto, va a tener que abonar un poco más de lo que estaba establecido", explicó.

Sin descuento para reincidentes

   Uno de los cambios más significativos apunta directamente a quienes ya fueron sancionados con anterioridad. Hasta ahora, cualquier infractor podía abonar voluntariamente su multa con una reducción del 50% reconociendo la falta. Con la nueva ordenanza, ese beneficio queda expresamente vedado para los reincidentes, quienes deberán afrontar el valor pleno de la sanción sin posibilidad de reducción.

Más requisitos para recuperar un vehículo retenido

   La Ordenanza Nº 1.456/2026 también endurece el proceso de restitución de vehículos retenidos. Para recuperar el rodado, el titular deberá presentar copia del DNI, título o cédula del automotor, último recibo de patente pago, seguro vigente, licencia de conducir y, además, abonar tanto la multa como los gastos de estadía en el depósito Municipal, cuyo monto será fijado por vía reglamentaria.

   Asimismo, se elimina la posibilidad de utilizar convenios de pago en cuotas para abonar multas vinculadas al retiro de vehículos retenidos o secuestrados, cerrando así una vía que en la práctica dilataba la resolución de estos casos.

   El cambio más novedoso es el cobro de estadía en el corralón municipal. Hasta ahora, los vehículos podían permanecer retenidos sin costo adicional, lo que generaba un verdadero amontonamiento de rodados. "Teníamos un amontonadero de motos acá, que bueno, las que no se retiran es porque vienen del delito, son robadas, y terminan después con todo el proceso administrativo para la destrucción o demolición", graficó Figueroa.

   A partir de la nueva norma, el propietario deberá abonar por cada día que el vehículo permanezca en el depósito municipal, desde el momento de ingreso hasta su retiro. Mientras algunos propietarios recuperan sus rodados al día siguiente, otros los dejan uno o dos meses, un período que ahora tendrá un costo concreto. Si transcurridos 180 días corridos el vehículo no es retirado, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer de él.

Conductas peligrosas, multas más altas

   La nueva norma actualiza y eleva el rango de sanciones para una amplia variedad de infracciones. Los montos se expresan en Unidades de Falta (UF), cuyo valor actual es de $1.021,50, equivalente al 50% del precio de un litro de nafta especial en estaciones YPF del Automóvil Club Argentino.

   La infracción más costosa es negarse a realizar el test de alcoholemia o efectuarlo de manera incorrecta, con multas que van de $408.600 a $2.043.000, a lo que se suma una inhabilitación para conducir de entre 15 días y un año.

   Circular sin haber obtenido habilitación, conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida, hacerlo sin seguro obligatorio vigente o abandonar un vehículo en la vía pública pueden costar entre $306.450 y $1.021.500 según la gravedad del caso. En el mismo rango se ubican los caños de escape antirreglamentarios o las fallas mecánicas graves que pongan en riesgo la circulación.

   Cruzar un semáforo en rojo, conducir de manera peligrosa, realizar zigzags o maniobras intempestivas implica sanciones de entre $204.300 y $510.750. En tanto, infracciones como circular sin casco reglamentario, transportar un menor de 10 años en el asiento delantero o conducir con licencia vencida se sancionan con montos que oscilan entre $102.150 y $306.450.

Menores y seguridad vial

   La Ordenanza también refuerza la protección de los más vulnerables. Conducir sin cumplir la edad reglamentaria se sanciona con multas de entre $306.450 y $1.021.500, mientras que ceder el volante a personas sin habilitación puede costar entre $204.300 y $510.750 tanto al conductor como al propietario del vehículo.

Una señal clara

   Con esta ordenanza, el Municipio de Sastre y Ortiz envía un mensaje contundente: las reglas de tránsito se cumplen y las consecuencias de ignorarlas serán más costosas. La norma busca traducir en hechos concretos la preocupación por la seguridad vial de todos los vecinos y vecinas de la ciudad.
Entre dos y tres motos retenidas por semana

   Los números del área hablan por sí solos. Figueroa reveló que los inspectores de tránsito retienen aproximadamente entre dos y tres motocicletas por semana, lo que da cuenta de la magnitud del problema en la ciudad. Las infracciones más frecuentes incluyen conducción sin documentación, sin casco, a contramano, de manera imprudente, y también piruetas y aceleraciones en vías urbanas que ponen en riesgo tanto al conductor como a peatones y ciclistas.

   El seretario de Gobierno aclaró además un punto que genera confusión entre los vecinos: los inspectores de tránsito no pueden perseguir a los infractores que huyen. "La normativa no nos lo permite por una cuestión de seguridad. Si el infractor se quiebra, se golpea o fallece durante la persecución, es culpa del inspector que lo está persiguiendo", explicó, desmitificando la idea de que el personal de tránsito tiene las mismas facultades que las fuerzas policiales.

Las bicicletas en contramano: un problema de adultos

   Consultado sobre el tránsito de bicicletas en contramano, Figueroa no esquivó la responsabilidad y apuntó directamente a los adultos. "Hay muchísimas bicicletas en contramano, no solamente de niños o jóvenes, muchos adultos, y eso habla de irresponsabilidad", señaló, y agregó que hay personas que circulan varias cuadras en sentido contrario al reglamentario.

   El funcioario fue enfático en el valor del ejemplo: "Si el adulto no cumple con la normativa, ¿por qué el niño lo tiene que hacer? Partamos del ejemplo de los adultos, que es lo más importante", concluyó, dejando en claro que la nueva ordenanza es solo una herramienta y que el verdadero cambio también requiere una toma de conciencia colectiva.