La institución cuestionó los alcances del proyecto que impulsa el gobierno nacional. Frente al edificio explicaron los riesgos de aprobarse la iniciativa. “Son 1.500 bibliotecas populares que corren riesgo de desaparecer”, dijo Nancy Báez.

“Alerta Cultura”: la Biblioteca rechazó el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU del gobierno de Milei.

   El proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso el gobierno de Javier Milei encendió la alarma de distintos sectores de la cultura, entre ellos, el de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) debido al problema de financiamiento que genera a las más de 1.500 bibliotecas populares del país que afectará el fomento de la lectura y otras actividades socioculturales, al tiempo que perjudica a una entidad con un modelo de funcionamiento único en todo el mundo que privilegia la participación colectiva de la comunidad en la que cada biblioteca funciona.

   En ese contexto, la Biblioteca Popular “Gral. San Martín de la ciudad de Sastre y Ortiz, se adhirió paro nacional decretado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y se manifestó en contra del en contra del DNU 70/2023 y la ley ómnibus del gobierno nacional.

   “Entre todos los puntos que abarca esta propuesta, hay uno que afecta directamente a las bibliotecas populares. Son 1.500 bibliotecas populares que están registradas en la CONABIP y corren riesgo de desaparecer”, explicó la presidente de la institución, Nancy Báez, quien detalló: “hay una Ley de financiamiento que permite que las Bibliotecas existan en los pueblos y ciudades, y que no solamente consiste en brindar libros a niños, juventudes y adultos, sino que también aportan otros espacios donde se transmite y se vive la cultura”.

   En diálogo con InfoSastre y Canal 1, la directiva consideró como “sumamente importante que las bibliotecas populares sigan existiendo” y sigan recibiendo ese subsidio para poder subsistir, ya que de otra manera sería imposible. “La cuota que abonan los socios es simbólica y necesitamos cubrir muchos gastos para que una institución pueda sobrevivir más allá de comprar libros”, cuestionó.

   Asimismo, aclaró que el financiamiento que reciben no proviene de los impuestos que paga la gente, sino que “la ley de las bibliotecas populares establece en su artículo 5, que el aporte sale del gravamen a los premios otorgados de los juegos de azar”.

   La bibliotecaria Patricia González se refirió al financiamiento que recibe Biblioteca San Martín, que este año cumplirá 105 años de historia. “Nos alcanza para cubrir los gastos de mantenimiento del edificio y necesitamos tener toda la documentación al día para conservar la personería jurídica. También no permite acceder a descuentos del 50 por ciento en la compra de libros, cuyos costos tienen un promedio de $20.000 pesos”, precisó e insistió que “sin ese dinero no podríamos sostener el funcionamiento o ser una biblioteca”.

   Actualmente la entidad cultural con más de 100 de trayectoria cuenta con alrededor de 20.000 ejemplares de distintos géneros y unos 140 socios, que abonan una cuota diferenciada entre menores y adultos, entre 400 y 500 pesos. “Con este subsidio el año pasado se pudieron comprar 200 nuevos libros y seguimos incorporando más materiales”, apuntó González.

   Por otro lado, Ángela Bonancea, colaboradora de la institución, recordó: “lo que se propone con la Ley Ómnibus, no afectas solamente a las bibliotecas populares, sino que lo hace también a todos los entes culturales tales como el teatro, la música, el cine, que van a sufrir este recorte”.