El abogado de la seccional El Trébol, Alfredo Muya, presentó fuertes objeciones y adelantó que harán presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. Calificó como “nulidad absoluta” la desvinculación de 37 trabajadores y cuestionó que la empresa busca reemplazar fabricación nacional por equipos importados.

La UOM denuncia el cese productivo en DBT y cuestiona los 37 despidos.

   La ciudad de Sastre fue sacudida esta semana por la abrupta decisión de la empresa DBT SA, perteneciente al grupo español Himoinsa (Yanmar), de cesar la producción en su planta local tras el despido colectivo de 37 trabajadores. Aunque la fábrica permanece físicamente abierta, ya no se elaboran los grupos electrógenos que hasta hace poco se ensamblaban en suelo del centro oeste santafesino.

   Frente a este escenario, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional El Trébol, representante gremial de los afectados, rechazó enérgicamente la medida y anunció una serie de acciones legales. “Vamos a hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo -sería este lunes-”, adelantó el abogado gremial Alfredo Muya en declaraciones a Canal 1. “También elevaremos la denuncia al Secretariado Nacional de la UOM para que se expida, y seguramente haya una presentación también ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

   Muya fue contundente al calificar la decisión empresarial: “Es un planteo nulo de nulidad absoluta. No se puede echar a 37 personas y pretender que eso quede sin consecuencias. Lo que están haciendo es dejar de producir en Argentina para traer equipos ya fabricados desde China u otros países, estamparles la marca local y comercializarlos como si fueran nacionales”.

   Según el letrado, hay indicios claros de que la planta ya ha recibido contenedores con componentes o productos terminados que aún no han sido abiertos, lo que refuerza la sospecha de un cambio de estrategia empresarial basado en la reducción de costos a expensas del empleo local.

   “La legislación argentina prohíbe este tipo de accionar”, enfatizó Muya. “No se trata de una simple ‘libertad empresarial’. La ley establece garantías laborales, prioridades en despidos y tutelas especiales, como la protección a los delegados gremiales, que claramente no se han respetado en este caso”.

   De hecho, el abogado señaló que varios de los despedidos mantenían juicios laborales pendientes -aún sin sentencia en primera instancia-, y que, aunque la empresa depositó indemnizaciones, esto no exime a la firma de sus obligaciones legales ni valida los despidos.

   “Lo que da esperanza es que la planta no fue cerrada oficialmente. Sigue abierta, y eso abre la posibilidad de revertir esta situación”, sostuvo Muya, quien también confirmó que la UOM ya asesoró a los trabajadores para rechazar formalmente la carta de despido.

   La medida de Himoinsa no solo pone en jaque el futuro de decenas de familias de Sastre y la región, sino que también enciende una alerta sobre la desindustrialización silenciosa que afecta al sector metalúrgico argentino. Mientras el gremio se prepara para movilizaciones y acciones judiciales, los trabajadores esperan que la Justicia y el Estado actúen para proteger el trabajo nacional y la producción local.