El Gobierno provincial prevé implementar el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal) antes de fin de año. El objetivo es reducir las licencias laborales del 15% al 10% y generar un ahorro cercano a los $170.000 millones anuales.

Santa Fe prevé implementar antes de fin de año el nuevo sistema para controlar el ausentismo estatal: cómo funcionará.

   El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en la implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), la herramienta con la que busca modificar el esquema de atención médica y control de licencias de los empleados públicos.

   Luego de superar la evaluación técnica de la licitación, la Provincia se prepara para abrir la oferta económica y proyecta comenzar a aplicar el sistema hacia fines de este año, con una implementación escalonada.

   La primera etapa alcanzará a los trabajadores de Fiscalía de Estado, la Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro y la ex Dipos. Posteriormente se incorporarán los profesionales universitarios de la salud que se desempeñan en la administración pública, luego los docentes y, finalmente, el nuevo mecanismo llegará al personal policial.

El objetivo: reducir el ausentismo y ahorrar recursos

   Uno de los principales objetivos del Gobierno provincial es bajar el índice de ausentismo laboral del 15% actual al 10%, porcentaje que se acerca al promedio nacional. Según las estimaciones oficiales, ese descenso permitiría generar un ahorro cercano a los 170.000 millones de pesos anuales.

   Desde la Casa Gris sostienen que otras provincias que tercerizaron este servicio mediante una ART lograron incluso reducir el ausentismo hasta el 8%, por lo que fijaron como meta que la empresa adjudicataria alcance el 10% durante el primer año de funcionamiento.

   La magnitud del ahorro esperado cobra relevancia al compararlo con las cuentas públicas: entre enero y mayo la provincia acumuló un déficit fiscal de casi 595.000 millones de pesos.

Una sola empresa sigue en carrera

   La licitación fue lanzada a comienzos de este año para contratar, por dos años con opción a un tercero, el servicio vinculado a la atención de la salud laboral de los empleados públicos. La contratación no incluye el pago de indemnizaciones, sino todo lo relacionado con la asistencia médica, el control del ausentismo y el seguimiento de accidentes de trabajo.

   Al proceso se presentó un único oferente, SML Consultores, firma vinculada a Experta ART, del Grupo Werthein, que conformó una red de prestadores en distintos puntos de la provincia.

   Tras superar la evaluación técnica, el proceso ingresará ahora en la instancia de apertura del sobre económico, paso previo a una eventual adjudicación.
Qué cambiará para los empleados públicos

   Actualmente, los trabajadores estatales gestionan por su cuenta las licencias médicas. Deben avisar a su lugar de trabajo dentro de las dos horas de iniciada la jornada, concurrir a un centro de salud, obtener el certificado médico y presentarlo posteriormente en su repartición.

   Con el nuevo sistema, todo el procedimiento se centralizará a través de una plataforma tecnológica.

   Los empleados deberán informar la situación mediante una aplicación, WhatsApp o un número telefónico 0800. A partir de esa notificación serán contactados por un profesional de la salud, quien evaluará el caso y definirá si corresponde una consulta por telemedicina o una derivación presencial con turno asignado.

   Desde el Gobierno consideran que este mecanismo simplificará los trámites, agilizará el otorgamiento de licencias y garantizará una atención más uniforme en toda la provincia, especialmente para quienes residen en localidades donde hoy el acceso al sistema resulta más complejo.

Más control y prevención de accidentes laborales

   Otro de los cambios que destacan desde la Provincia es que el nuevo esquema permitirá contar con registros unificados y actualizados sobre accidentes e incidentes laborales, información que actualmente no se encuentra sistematizada.

   Con esos datos, el Ejecutivo pretende desarrollar políticas de prevención específicas, identificar las situaciones de mayor riesgo y mejorar las condiciones laborales dentro de la administración pública.

Fuente: Uno Santa Fe