El Gobierno provincial reducirá por decreto el tope de descuentos salariales del 50% al 25% para estatales, jubilados y privados. La iniciativa busca frenar el sobreendeudamiento mediante refinanciaciones con tasas subsidiadas y préstamos a tasa cero.

La medida apunta a reducir el impacto de préstamos con altas tasas que hoy recortan fuertemente los ingresos.

   El gobierno provincial lanzará un plan para aliviar el peso de la deuda sobre los salarios de trabajadores. El objetivo es llegar directamente a unos 12 mil estatales y 7 mil jubilados santafesinos que hoy sufren recortes superiores al 25% en sus ingresos por parte de los acreedores.

   También, a través de distintas opciones de colaboración con bancos y entidades empresarias, se busca contribuir a mejorar la situación de otros 50 mil empleados del sector privado.

   Este es el universo de trabajadores que cobran, por su nivel salarial o por efecto de los descuentos, hasta $1,5 millones mensuales. El plan de alivio contempla distintas alternativas, que incluyen un ordenamiento del sistema de préstamos, refinanciación estatal, intervención de mutuales sindicales y acuerdos con entidades empresarias.

   El vertiginoso aumento del endeudamiento familiar, en un contexto de creciente crisis económica, se convirtió en uno de los principales factores de preocupación para los hogares argentinos. Los índices de morosidad bancaria apenas reflejan una parte del problema, que incluye créditos en entidades no bancarias y en el circuito informal.

Salarios recortados

   En el Estado provincial esta problemática emergió con fuerza en las discusiones paritarias de este año, especialmente durante el conflicto policial, cuando se detectó que el ingreso de bolsillo de los empleados públicos estaba afectado por los descuentos de deudas.

   Según datos del Ministerio de Economía, un 33% de los estatales santafesinos (unos 35 mil trabajadores) tiene créditos otorgados mediante el sistema de código de descuento.

  De ese total, unos 12 mil (9%) sufren quitas superiores al 25% del salario, mientras que el límite legal vigente es del 50%. En situación similar se encuentran 7 mil jubilados. En muchos casos, las deudas equivalen a cinco sueldos.

   Solo un 10% de los agentes tiene deudas con el Banco de Santa Fe, mientras que la mayor parte del financiamiento proviene de mutuales sindicales agrupadas en la Red Mutual y entidades como Amep.

   Las tasas de interés presentan grandes diferencias, pero en algunos casos el Costo Financiero Total (CFT) alcanza hasta un 120% anual.

Plan de protección del salario

   El denominado “plan de protección del salario” incluye varias herramientas:

-Ordenamiento del sistema de códigos de descuento: reempadronamiento de entidades, nuevos requisitos y reducción del tope de descuento del 50% al 25% del salario.
-Obligación de ofrecer planes de refinanciación con tasas cercanas al 60% anual (nivel del Banco Nación).
-Las entidades que no adhieran no podrán otorgar nuevos créditos por este sistema.

   Para los deudores que no accedan a refinanciación:

-Podrán solicitar préstamos a tasa cero del Estado provincial por la diferencia entre el descuento actual y el nuevo tope del 25%.
-Estos créditos se devolverán mediante descuentos en el medio aguinaldo, que no está alcanzado por el sistema.
-No podrán tomar nuevos préstamos mientras dure este esquema.

   Otra alternativa es la refinanciación a través del agente financiero provincial, con una línea a 60 meses y tope del 25% del salario, a tasas más bajas que el mercado.

Ayuda para el sector privado

   El programa también apunta a 50 mil trabajadores y autónomos del sector privado:

-Extensión de líneas de refinanciación del Banco de Santa Fe.
-Acuerdos con bancos públicos y privados para ofrecer financiamiento con tasas subsidiadas.
-Rondas de diálogo con entidades empresarias para fomentar la refinanciación de deudas de empleados.
-Reirección de créditos del Banco Solidario hacia sectores con ingresos irregulares.

   Con esta iniciativa, Santa Fe será la segunda provincia del país, después de Santa Cruz, en abordar esta problemática. El plan se implementará mediante un decreto y se espera que esté operativo en mayo.

   En el escenario más exigente, si el Estado debe asumir la refinanciación total de estatales y jubilados, el costo alcanzaría los $8 mil millones en el próximo semestre, con recuperación posterior.

   Se trata de un esfuerzo adicional en un contexto marcado por la inflación persistente y la falta de reactivación económica, factores que siguen deteriorando el poder adquisitivo de los salarios.

Fuente: Uno Santa Fe