El gobernador santafesino entendió que si bien “es un avance”, falta conocer muchas precisiones. Milei habilitó a Santa Fe a administrar rutas nacionales con concesiones y peajes. Cómo funcionará en Santa Fe.

Transferencia de rutas nacionales: Pullaro espera más definiciones sobre la A012. 

   En el marco de la inauguración del acceso al Área Industrial de Firmat, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la situación actual de la Ruta Nacional A012 y pidió “mucha cautela por el decreto que publicó el Gobierno Nacional en el día de ayer. Es un avance; así lo vemos. Pero es un decreto que no dice nada, simplemente que estarían en condiciones de ceder por 30 años la A012 a la Provincia de Santa Fe”, señaló, y adelantó que evalúa la conformación de un sistema de fideicomiso en el que diferentes actores se ocupen de su administración.

   De todas formas, el gobernador explicó que “el decreto que publicó el Gobierno nacional pone un plazo máximo pero no un mínimo. La Provincia está dispuesta a invertir, tenemos una licitación terminada de casi 6.000 millones para arreglarla de manera inmediata cuando se de esa cesión. Pero si Vialidad Nacional nos dice que el plazo es de un año, nosotros solamente vamos a poner los recursos, la vamos a arreglar y nadie la va a mantener. Por eso quiero pedir mucha cautela. Nos entusiasmamos cuando salió el decreto, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia. Es un avance, vamos a trabajar mucho para que nos la puedan ceder por 30 años y así sí poder arreglarla”.

   El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo esquema para la gestión de rutas nacionales que impacta directamente en Santa Fe. A través del Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo delegó en la provincia la potestad de otorgar concesiones de obra pública por peaje para intervenir en tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio.

   La medida permite que Santa Fe avance en la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores viales nacionales mediante concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos provinciales. Es decir, la provincia podrá licitar y adjudicar contratos para obras y explotación de rutas, incluyendo el cobro de peajes como forma de financiamiento. El corredor en el que el gobierno de Maximiliano Pullaro pretende intervenir de inmediato es la ruta A012, fundamental para llevar adelante su plan integral de mejora del acceso a los puertos del Gran Rosario, para el cual ya tiene aprobado un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiarlo.

   El decreto de Milei aclara que no hay transferencia de la propiedad ni de la jurisdicción: las rutas seguirán siendo nacionales y bajo órbita del Estado central, que conservará funciones de control técnico a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

Cómo funcionará en Santa Fe

   Para que la delegación se haga efectiva, la provincia deberá firmar convenios específicos con Vialidad Nacional. En esos acuerdos se definirán:

Qué tramos de rutas serán incluidos
El plazo de la concesión (con un máximo de 30 años)
El esquema de financiamiento y tarifas de peaje
El plan de obras y cronograma de ejecución

   Además, Santa Fe deberá presentar proyectos técnicos y económicos que serán evaluados por Nación, que tendrá la última palabra sobre la viabilidad de cada iniciativa.

   Una vez aprobado el convenio, la provincia tendrá un año para llamar a licitación. Si no lo hace en ese plazo, perderá la delegación sobre ese tramo.
  
Peajes y responsabilidades

   El decreto establece que los fondos obtenidos por peajes solo podrán utilizarse en el tramo concesionado, sin posibilidad de redirigirlos a otras obras.

   También fija que la provincia asumirá la responsabilidad legal por la ejecución de los contratos, incluyendo eventuales reclamos o daños, debiendo mantener indemne al Estado nacional.

Un esquema más descentralizado

   Santa Fe es una de las nueve provincias incluidas en esta primera etapa, junto con Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Corrientes. Según el texto oficial, la iniciativa apunta a “fortalecer el federalismo” y mejorar la gestión de la infraestructura vial mediante una mayor participación de las jurisdicciones locales, en un contexto donde varias provincias venían reclamando herramientas para intervenir sobre rutas nacionales en mal estado.

   De todos modos, la Nación se reserva la posibilidad de retomar el control de los tramos concesionados si existen razones de interés público, garantizando la continuidad del servicio.