Lo determinó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales por su estado de deterioro y la contaminación que generan. Los fondos obtenidos serán destinados a solventar políticas de seguridad, sociales y sanitarias.
Unos 100 vehículos decomisados serán compatados.
El gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), inició hoy el proceso de compactación de cerca de 100 vehículos, por ser bienes peligrosos para la seguridad común, por su avanzado estado de deterioro y la contaminación ambiental que su depreciación genera, según establece la ley provincial Nº 13.579.
La compactación se realizó en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, en la ciudad Rosario. Los fondos obtenidos serán destinados a solventar políticas públicas de seguridad, sociales y sanitarias.
Al respecto, el titular de Aprad, Juan Facundo Besson, señaló que “se estima que la compresión vehicular producirá entre 80 y 100 toneladas de chatarra” por lo cuál afirmó que se “realizó una licitación para su compra. La empresa seleccionada fue JIT S.A que pagará $ 10.000 por tonelada”.
“JIT S.A está en el Registro de Desarmaderos de la provincia, se encuentra habilitada por la municipalidad de Rosario y registrada en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia como empresa descontaminadora”, destacó Besson.
A continuación, el funcionario detalló que entre los vehículos que se compactarán se encuentran “motos, autos, camionetas pick up, dos camiones, un semi acoplado y autopartes. Para llevar adelante el trabajo se le extraen previamente los fluidos para evitar la contaminación del suelo y su disposición final”.
Por último, cabe señalar que los vehículos compactados fueron secuestrados o decomisados hace más de 3 años, y no tienen poder de reventa por su estado de deterioro. Además, carecen de valor probatorio o de restitución por parte de la defensa en los casos judiciales, por lo que cuentan con autorización fiscal.
