Se trata de un espacio integrado por entidades empresarias crean espacio encargado de gestionar obras prioritarias para la provincia. Conformarán un listado con proyectos de infraestructura que trasciendan los gobiernos de turno.

Se presentó oficialmente el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) de Santa Fe

   Se presentó oficialmente el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) de Santa Fe, espacio integrado por un amplio abanico de entidades productivas que busca armar una biblioteca de proyectos de infraestructura que necesita la provincia en el mediano y largo plazo.

   Forman parte de CPI Santa Fe las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FECOI), Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FECECO), Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA), Coninagro, CORENOSA, Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE), Federación Agraria Argentina. La presentación se realizó en el salón Mercurio de la BCR y contó con la participación del presidente CAMARCO a nivel nacional, Gustavo Weiss.

   Una de las falencias detectadas por los empresarios respecto a la infraestructura santafesina reside en que cada vez que se produce un cambio de gestión de Gobierno, se suele  arrancar de cero en la materia, reelaborando proyectos en algunos casos ya armados. Por eso el objetivo de la CPI Santa Fe es crear un listado de obras prioritarias tanto de tipo productivo como social, para que queden como un patrimonio para la sociedad que trascienda los gobiernos de turno.

   “No pretendemos reemplazar al Estado, pero sí constituir una política de Estado y colaborar con ellos”, se manifestó en la reunión de presentación de la que participó Ecos365, y se agregó que a las reuniones técnicas serán invitados funcionarios municipales y provinciales. Las obras pueden incluir desde caminos rurales para abaratar costos de traslado de producción del campo, hasta grandes acueductos o gasoductos.

   En la carta de intención firmada por las partes se hizo referencia a que la falta de una planificación clara y permanente, la muy baja inversión durante décadas, las bajas tasas de empleo privado formal, la falta de acuerdos y compromisos fiscales presupuestarios sostenibles en el tiempo “nos ha llevado a un escenario muy crítico, tanto en el corto como el largo plazo, generando niveles de pobreza altos y crecientes”.

   Por eso se considera que este contexto exige acciones coordinadas y permanentes de quienes están en condiciones de emprender y de generar actividad, valor agregado, oportunidades y conocimiento. Y la inversión en infraestructura representa, sin duda, uno de los requisitos previos para revertir esta situación.

   “Debe invertirse en la infraestructura necesaria para brindar mayores oportunidades al desarrollo de la industria, del comercio, del campo, de la energía, de la minería, de los servicios del conocimiento, de la comunicación y del turismo, por citar algunos de los más relevantes”, se indicó y se agregó que “a infraestructura bien planeada y ejecutada “tiene impacto directo y visible en la calidad de vida de las personas, amplía los alcances del desarrollo económico y favorece a la integración social”.

   Claro que estos beneficios no son inmediatos, sino que requieren de una estrategia consensuada y duradera de carácter multisectorial, que involucre a todos los actores del ecosistema productivo -empresarios y trabajadores-, como así también a todos los potenciales usuarios de la infraestructura, actuando en forma coordinada con el Estado. De allí la creación de CPI Santa Fe.

   Los firmantes declararon que el mismo funcionará como un centro de diálogo, pensamiento, producción de información, estudios e informes que contemplen la realidad y necesidades de todos los sectores y actores tanto proveedores como “consumidores de infraestructura” -, cuyo principal objetivo es proponer y motorizar la infraestructura de los próximos 20 años para nuestro país. “Aspiramos a generar las condiciones necesarias para materializar dichas realidades y necesidades en proyectos concretos, y aportar un marco permanente que facilite las decisiones y acciones del Estado en esta materia”, se manifestó.

  La idea es “generar propuestas adecuadas para el diseño de una verdadera Política Pública de Infraestructura, con proyección de largo plazo, favoreciendo un desarrollo sostenido del país, capaz de trascender períodos de gobierno y haciendo que los recursos destinados a las mismas se prioricen en función de las necesidades de los usuarios y el crecimiento de oportunidades y competitividad que generen al país”.

Fuente: ECOS 365