Este jueves se aprobó el proyecto del Ejecutivo con algunas modificaciones. Se actualizaron siete artículos de las Ordenanzas 854 y 855/10. La oposición de abstuvo en la votación. Conocé cómo quedó la nueva norma.

   El Honorable Concejo Municipal aprobó este jueves la Ordenanza 1060/17 que reglamenta la habilitación de nuevos comerciales en la ciudad de Sastre y Ortiz, tras la polémica norma que había salido el 9 de marzo de la sala “Raúl Cragnolino”, en la cual se suspendía por 180 días la apertura de nuevos negocios en la ciudad de Sastre y Ortiz.  

   Con el voto afirmativo del Frente Progresista y la abstención de la oposición, quedó sancionada las modificaciones a las Ordenanzas que estaban vigentes desde 2010, que estaban en el texto original que había enviado el Departamento Ejecutivo Municipal, aunque con algunos cambios.

   Según lo aprobado anoche en el recinto, se modificó el artículo 6 de la Ordenanza 854/10. “El órgano Ejecutivo deberá llevar a cabo el trámite correspondiente en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde su inicio. Si durante la consideración y examen de la solicitud algún área municipal interviniente entiende necesario solicitar información aclaratoria o complementaria, deberá efectuar dicho pedido de forma fehaciente, interrumpiéndose en consecuencia, y por esta sola cuestión, el plazo consignado en ese artículo. Una vez vencido el plazo establecido, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer de 10 días hábiles más para emitir una resolución”, expresa la nueva regulación.

   Asimismo, se modificó el artículo N° 11 de la Ordenanza 854/10: La “Tasa por prefactibilidad” de habilitación deberá ser abonada al iniciar el trámite, según las siguientes categorizaciones: locales de menos de 60 m2 deberán abonar 30 Unidades Fijas (UF), los inmuebles entre 61 y 250 m2 el pago ascendería a 75 UF mientras que los espacios mayores a 251 m2 el importe a abonar será de 330 UF. La Unidad Fija está relacionada al valor de un litro de nafta súper, cuyo costo es de 20,95 pesos.

   Por otra parte, se agrega al artículo 4 de la Ordenanza 855/10, el pedido de certificado de cobertura de seguro por daños contra terceros.

   “En caso de contratación de personal en relación de dependencia, se establece como requisito, que el 60 por ciento tenga posea una residencia comprobada en la ciudad, de no menos de un año. En caso de no cumplimentar con esta norma, en el término de diez días hábiles se procederá a la clausura del local, debiendo iniciar el trámite de prefactibilidad y abonando la tasa de habilitación”, dice en otro de los nuevos párrafos.

   En otra de las modificaciones, se establece el reempadronamiento que deberá realizarse anualmente presentando fotocopia de la declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al año fiscal anterior, dentro de los 30 días posteriores al vencimiento fijado por el API. El costo del mismo de la siguiente manera:

-Locales de menos de 60 m2: 20 Unidades Fijas ($419)
-Locales de entre 61 y 250 m2: 50 Unidades Fijas ($ 1.047,50)
-Locales mayores a 251 m2: 100 Unidades Fijas ($2.095)

   Por otra parte, se derogó el artículo N° 18 de la Ordenanza 855/10, que determina multas por incumplimiento de los requisitos que varían entre los 2.000 y 20.400 pesos, dependiendo de la superficie del comercio. “No estarán sujetos a las multas aquellos que regularicen su situación dentro del plazo y prorrogables de 60 días corridos de la promulgación de la presente ordenanza”, explicaron.

   Por último, el Municipio entregará a todos los establecimientos comerciales habilitados una oblea o sticker identificatorio que deberá ser colocado en un lugar visible. “Se volverá a entregar una vez que se re empadrone”, agregaron.

   En el momento de la aprobación, los concejales del Frente Progresista Cívico y Social votaron afirmativamente mientras que los ediles de la oposición se abstuvieron. Damián Galliano, del Frente Progresista enfrentado con el oficialismo, manifestó que hubo poco tiempo para trata el proyecto y mostró su desacuerdo con una serie de artículos.

   En tanto, Matías Reccia cuestionó el cobro de la tasa prefactibilidad ya que hasta el momento era sin costo. “A diferencias de otras localidades que fomentan y ayudan a quienes quieren invertir y progresar en la ciudad, estas medidas dificultan la apertura de nuevos emprendimientos”, argumentó el concejal del Frente Progresista, quien rechazó el porcentaje que se exige de personal radicado en la ciudad.