En la sesión del jueves, el oficialismo propuso tratar el caso de Moreno, luego que el concejal electo reconociera una deuda con el Municipio. La oposición se retiró antes que finalice la reunión.  

   Las tensiones en el Consejo Municipal de Sastre y Ortiz vuelven a reavivarse, luego de la última sesión ordinaria que tuvo lugar el pasado jueves en la sala “Raúl Cragnolino” del Centro Cívico.

   Cuando parecía que las diferencias comenzaban a disiparse, una moción presentada por el bloque del Frente Progresista para tratar la situación del concejal electo Albino Moreno, generó el rechazo de la oposición por considerar que ese pedido no estaba en el Orden del Día y pretendían contar con un asesoramiento jurídico.

   Todo comenzó en los primeros días de marzo cuando el Departamento Ejecutivo Municipal envió al legislativo una deuda actualizada de poco más de 40 mil pesos, que el justicialista mantenía con la Municipalidad por “Apremios”, según consta en el expediente judicial 555/92.  

   El pasado 22 de marzo, Moreno, a través de su abogado patrocinante, impugó esa la liquidación alegando que había rubros que ya habían sido abonados pero que no contaba con los comprobantes de pago de las tasas de servicios públicos del período 1989/91. En una nota, ofrecía cancelar la deuda ofreciendo el pago una suma de dinero para concluir el pleito, una cifra que, según trascendió, no sería aceptada por el Ejecutivo, ya que habrían detectado algunas diferencias. También se solicitó la apertura de una cuenta judicial en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral N° 11 de San Jorge, donde se tramita el juicio.

   “A raíz de esta presentación, el Municipio informó al Concejo de la situación, en la que Moreno reconoce expresamente la deuda al ofrecer el pago”, explicó el presidente del cuerpo, Edgardo Figueroa y confirmó la moción de su bloque para tomar una resolución y poner fin a un conflicto que lleva más de un año.

   “Reccia y Galliano no quisieron tratar el pedido ni tampoco realizar una sesión especial o en forma secreta para resolver internamente esta realidad. Se retiraron enojados sin cerrar la sesión, cometiendo una falta”, relató. 

   El edil oficialista aseguró que sus pares de la oposición no quieren resolver esta situación. “No dan quorum, o se niegan a tratarlo o se retiran y encubren a una persona. Es llamativo que el concejal Galliano, que siendo de un partido diferente al señor Moreno, lo esté encubriendo”, reprochó.

   Ante este panorama, Eva Lucero quedaría a un paso de asumir como concejal para ocupar la sexta banca que está en disputa de diciembre de 2015. “Se están cumpliendo dos incisos del artículo N° 25 de la Ley de Municipios, que impediría la asunción de Moreno como concejal. En realidad, ya en el 2007 no podría haber asumido. Esto existe jurídicamente y está radicado en el Juzgado de San Jorge”, manifestó Oscar Cagliero y repasó la norma: “el inciso 6 dice claramente que no pueden ser electos concejales los deudores del tesoro municipal o provincial, que ejecutados legalmente no pagaren sus deudas”. 

   También recordó el texto del inciso 2 que indica que “no pueden ser electos concejales los incapacitados legalmente y los fallidos y concursados que no hubieran obtenido su rehabilitación”. Más adelante, el articulado expresa que “cuando ya esté en funciones y pase algunos de los requisitos anteriores -quiebra y deuda con el Municipio-, automáticamente cesarán en sus cargos”. 

   Durante el período de receso, Albino Moreno envió otras dos notas al Honorable Concejo Municipal solicitando su rápida incorporación al cuerpo legislativo. En las misivas, adjuntó una comunicación del Tribunal Electora de Santa Fe donde se le informaba que no se registraba impugnación alguna en su candidatura a concejal. 

   Asimismo, reiteró su pedido el pasado 7 de marzo para que se incorpore al Orden del Día y/o se trate sobre tablas en la próxima sesión ordinaria, su incorporación al recito como concejal, indicando que no existe ningún tipo de materia judiciable ni ningún otro impedimiento. En ese contexto, no descartó iniciar acciones legales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.