Personal de la PDI retiró los portones por resolución del fiscal Zoppegni, que inició de oficio una causa penal. “No voy a permitir que se corten rutas”, afirmó el funcionario judicial. Además, confirmó severas sanciones para quienes no cumplan la cuarentena.

La justicia ordenó levantar el corte de la ruta 64.

   Luego que el Gobierno santafesino instara a municipios y comunas de la provincia a dejar de lado los cortes de ruta en medio de la pandemia por el coronavirus, este viernes el Municipio de Sastre fue notificado de una causa penal por el bloqueo al acceso a la ciudad por la ruta 64.

   El pasado lunes el gobierno local había dispuesto cerrar los accesos secundarios para centralizar los controles de ingresos y salidas por el acceso principal, ante las anormalidades que se había detectado durante el fin de semana burlando el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, decretado por el presidente de la nacional.

   La drástica medida generó un sinfín de reclamos y cuestionamientos de vecinos de las localidades de Crispi, Castelar y Las Petacas que se encontraba aislados por la disposición impidiendo la libre circulación ante una emergencia.

   El viernes por la mañana, la Municipalidad habilitó parcialmente el tránsito en el corredor vial con controles a cargo de inspectores municipales y por la tarde desembarcó personal de la Policía de Investigaciones para secuestrar los portones que habían sido colocados para cerrar el paso por Av. San Martín.

   “No hubo ninguna denuncia formal que haya llegado a la Fiscalía sino que, siguiendo las instrucciones del Fiscal Regional, me pide que iniciara una investigación penal”, afirmó el titular del Ministerio Público de la Acusación de San Jorge.

   En diálogo con Infosastre, el fiscal Carlos Zoppegni afirmó que “más allá que se encontraba abierta la ruta para circular, se acreditó que días anteriores estuvo cerrada”, por lo que se formó una causa a la intendenta de Sastre, María del Carmen Brunazzo por “interrupción o limitación de los servicios esenciales”, tal como lo establece el artículo 194 del Código Penal”.

   Según explicó, se trata de un delito contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años” establece la norma. Si bien es un delito excarcelable, en caso de reincidir será detenida.

   En el procedimiento también se secuestraron todos los efectos que quedaron en poder del Municipio como depositario judicial, se sacaron fotos y se relevaron varios testimonios de personas que tuvieron inconvenientes en días anteriores para poder ingresar a la ciudad.

   “Todo lo que ella -Brunazzo- quiera argumentar con respecto a la decisión que ha tomado lo podrá hacer en una audiencia pública con su abogado”, añadió el fiscal y precisó que será el juez quien “evaluará si había alguna justificación o se ignora con algunas peticiones”. Tras ser notificada en el lugar del corte de ruta, los trámites de rigor continuaron en la jefatura de Policía.

   Asimismo, Zoppegni aclaró: “no voy a permitir que se corten rutas”. “Si algún presidente comunal o intendente necesitan algún tipo de control, están las fuerzas de seguridad. Hay casos donde se controla auto por auto y persona por persona las 24 horas. Queremos evitar que esto se imite en otras localidades y se genere una situación caótica en toda la provincia”.

   Por otra parte, el fiscal de San Jorge aseguró que será riguroso con aquellos ciudadanos que no cumplan con la cuarentena obligatoria. “No tuvimos las respuestas favorables en varias localidades en las primeras 24 horas, por lo que ordené el secuestro de todo tipo vehículo y formación de causas”, manifestó. Si bien bajaron las cifras, se registraron un gran caudal de actas y varios autos fueron secuestrados. “Los vehículos no los vamos a devolver hasta que no termine todo esto”, aseguró.

   Ante las más de 100 detenciones, Zoppegni adelantó que las personas que vuelvan a violar el aislamiento social, van a quedar presas. Además, no descartó acondicionar algún espacio para alojar a los reincidentes.