La presidenta comunal María Eugenia Racciatti lideró un modelo de control responsable de fumigaciones que posicionó a la localidad como referencia ambiental en Santa Fe. Pasó de vender agroquímicos a liderar un control riguroso desde el Estado.

Bajo la presidencia de la agrónoma María Eugenia Racciatti, la localidad se convirtió en la primera de Santa Fe con certificación de «Municipio Verde».

   La historia de María Eugenia Racciatti está marcada por su profundo vínculo con el campo. Volvió a Cañada Rosquín en 1995 para dedicarse al campo familiar, en una época en la que, como ella misma recuerda, «la mujer en el agro no pegaba mucho». Durante 25 años, su vida fue la de una «ingeniera agrónoma productivista». Trabajó asesorando y vendiendo insumos, un mundo que en ese entonces describe como «bastante hostil para la mujer». Su salto a la función pública, sin embargo, no llegó por el camino partidario tradicional, sino por una catástrofe natural y una crítica constructiva.

   «Acá pasó una cola de tornado, destrozó el arbolado urbano», relata en di{alogo con El Ciudadano. Fue entonces cuando, viendo cómo se manejaba la poda de los árboles caídos, no dudó en llamarle la atención al entonces presidente comunal, Néstor Peretti (PRO), un amigo personal. «Le digo: ‘Mirá, el tornado destrozó los árboles y vos lo estás destrozando peor'», cuenta entre risas. De ese tirón de orejas nació un proyecto: Racciatti armó una cuadrilla de poda, hizo un posgrado en arbolado urbano y comenzó a trabajar como contratada externa para la comuna. «Ahí me atrapó la función pública», confiesa.

   Ese fue el germen de un trabajo mucho más ambicioso. En 2016, ya integrando la comisión comunal como vocal, Racciatti puso su mirada en un problema mucho más complejo y sensible: las fumigaciones en los campos linderos al pueblo. Su experiencia previa fue clave. «Como yo vendía insumos, la verdad que siempre me preocupaba mucho el tema del mal uso o del abuso», explica.

   Como primer paso, Racciatti convocó a todos los ingenieros agrónomos de la localidad, que en ese momento eran 26. Juntos, se pusieron a trabajar en «una ordenanza superadora» que reemplazara la ambigua ley provincial. El primer desafío fue definir el área a regular. En lugar de establecer una medida arbitraria como por ejemplo 500 metros, buscaron límites físicos claros e identificables para todos: las rutas nacional 34 y provincial 66, y un anillo circunvalar.

   Así, el área periurbana de Cañada Rosquín pasó a tener un control sin precedentes. En una franja que varía entre los 1.200 y 1.500 met

ros alrededor de la planta urbana, no se prohibió fumigar, sino que se estableció un riguroso sistema de trazabilidad y control. Cada aplicación debe contar con receta de un técnico matriculado, máquinas registradas y la presencia de dos ingenieros agrónomos «veedores» que fiscalizan todo el proceso, desde la carga del producto hasta el final de la aplicación, verificando condiciones climáticas como la temida «inversión térmica».

Ingeniera agrónoma y presidenta comunal: la mujer que convirtió a Cañada Rosquín en el primer "Municipio Verde" de Santa Fe.

   La lógica que subyace es que lo importante, más que la zona de restricción que se tomó siempre como medida de preservación, es el control real de las fumigaciones y la obligación de los productores de tener una cortina forestal que funcione como límite natural.

   «Todo eso lo llevamos a una página web», detalló Racciatti, y explicó el sistema que idearon. Allí se registra cada receta, se notifica a los veedores y se programa día y hora de la aplicación. Hoy, gracias a este sistema y a la certificación del programa «Municipio Verde» de Aapresid, que les otorga normas Iram de gestión, pueden decir con orgullo que tienen «la historia clínica de cada lote». «Estamos viendo que cada vez las aplicaciones son menores», agrega, demostrando que el control también fomenta buenas prácticas agrícolas.

   El sistema, que se financia con un aporte de los propios productores por hectárea, no estuvo exento de roces. Racciatti recuerda una anécdota de la plena pandemia, cuando un aplicador realizó una mala praxis a 3.500 metros del pueblo con inversión térmica. A la hora, el producto estaba dentro del casco urbano. «Encontré la máquina, lo recontra multamos… me querían ver muerta, pero esto es así», sentencia. Se clausuró la máquina y el lote.

   La intendenta critica con dureza las fumigaciones indiscriminadas contra el dengue, que matan «todos los enemigos naturales del mosquito», y pone en perspectiva el debate: «El problema es la dosis y cómo se usa. Yo terminé internada por usar mal un quitasarro. En los productos fitosanitarios es exactamente igual». Con esa misma lógica, han trabajado codo a codo con los médicos locales y han logrado que todos comprendan, que los productores en su mayoría viven en el pueblo, y «no es que quieren diezmar la población, sino que son parte».

   El resultado, después de siete años, es un modelo único en la provincia que ha conciliado la producción agropecuaria con la seguridad de los vecinos. Tanto es así, que este trabajo le valió a Racciatti el premio «Mujeres Rurales Argentinas» en la categoría innovación, postulada por la ex ministra Alicia Ciciliani, y recientemente fueron reconocidos en la Sociedad Rural de Palermo por el cuidado al operario.

   Cañada Rosquín hoy pretende ser un ejemplo de que «el productor puede producir y la gente está cuidada», y que una política pública bien diseñada, que surgió desde el conocimiento del territorio y la convocatoria a todos los actores, puede transformar un pueblo entero. «Se hizo una buena sinergia entre el productor, el aplicador, el gobierno y la gente», concluyó Racciatti.

Fuente: El Ciudadano Web