Organizaciones sociales y vecinos acusaron al fiscal Zoppegni de no investigar los delitos por contaminación ni proteger a las víctimas.
Organizaciones sociales y vecinos que componen la multisectorial Paren de Fumigarnos cuestionaron el accionar del fiscal penal de San Jorge, Carlos Zoppegni, ante el fiscal regional, Jorge Nessier, a cargo de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe. En un comunicado, las entidades indicaron que "el objetivo de la audiencia fue poner en conocimiento al superior de Zoppegni sobre el grave accionar de éste respecto de diversas denuncias de vecinos referidas a cuestiones medioambientales.
Tales denuncias apuntan a los casos de vecinos afectados por fumigaciones, la actividad de empresas cerealeras y posibles acciones delictivas relacionadas "con quienes anteponen las actividades económicas, vulnerando derechos sustanciales como la defensa de la vida, la salud y un ambiente sano". También solicitaron las entidades que se lo aparte de las causas relacionadas con estos casos y exigieron la conformación de una unidad especial para que entienda en casos de materia ambiental.
En ese contexto las organizaciones recordaron al funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que ante Zoppegni tramitan las recientes amenazas a una vecina de la localidad de María Juana, entre otras causas especialmente relevantes. "Ponemos de manifiesto la preocupación por su actuación en estos procesos, coronada con declaraciones radiales alarmantes tratándose de un integrante del MPA", remarcaron, y señalaron la "ausencia de medidas efectivas tendientes a la protección de las víctimas evitando la reiteración de los hechos delictivos, el esclarecimiento y la condena de los responsables".
Recordaron también los ambientalistas que, ante el mismo funcionario, se tramita la investigación por la muerte de Roberto Poli, un operario fallecido a pocos días de haber aspirado fosfuro de aluminio en una planta de acopio de María Juana en 2015, un agrotóxico de uso prohibido en ese lugar, con el alcance previsto por la ley 24.051, llamada de Residuos Peligrosos, que el fiscal decidió "no aplicar" por resultarle "muy difusa". En ese sentido, el fiscal cuestionado afirmó en su momento que tales delitos carecen de sanción penal, aunque dicha normativa fue utilizada por la justicia cordobesa para condenar a un productor y a un aeroaplicador y extiende las sanciones penales a directores, gerentes y otros funcionarios cuando se trata de una empresa.
Desde Paren de Fumigarnos pusieron de manifiesto la gravedad institucional derivada de la conducta del fiscal desde que también es quien tiene bajo su custodia el cumplimiento tanto del conocido "fallo San Jorge" como del reciente amparo ambiental en la localidad de Piamonte, así como la persecución de toda actividad delictual derivada de la violación de normas o sentencias mediante la utilización de agrotóxicos, tal como manda la legislación de fondo (ley 24.051).
Unidad ambiental. También solicitaron "la inmediata apertura de una investigación respecto del funcionario involucrado, así como su separación de las causas relacionadas a fin de garantizar un adecuado servicio de justicia, evitando perjuicios que podrían resultar irreparables". También demandaron la creación de una Unidad Especial en Materia Ambiental y la redacción de un protocolo de actuación ante delitos ambientales.
Fuente: Luis Emilio Blanco / La Capital
