El diputado provincial Martín Rosúa advirtió sobre privilegios encubiertos y desigualdades en la ejecución de las condenas, y presentó un proyecto para reformar el régimen en Santa Fe con más controles, límites estrictos y monitoreo obligatorio.
El diputado Rosúa propone reforma para limitar la prisión domiciliaria en Santa Fe.
Con duras críticas al sistema actual, el diputado provincial Martín Rosúa (UCR–Unidos) presentó un proyecto para avanzar en una reforma integral del régimen de prisión domiciliaria en Santa Fe. En diálogo con Cadena 3 Rosario, el legislador aseguró que este instituto “se transformó en una prisión VIP, con privilegios encubiertos y asimetrías escandalosas”, y advirtió que esa situación “erosiona la confianza de la gente en el sistema penal”.
Rosúa sostuvo que la prisión domiciliaria nació como una medida excepcional y humanitaria, pero que con el paso del tiempo derivó en un beneficio reservado para pocos. “Arrancó para casos muy puntuales y hoy termina siendo un privilegio para quienes tienen poder económico o político”, señaló. En ese sentido, cuestionó que condenados por delitos graves cumplan penas en departamentos de lujo, con visitas irrestrictas, celulares, redes sociales e incluso actividades recreativas: “Eso rompe el principio de igualdad ante la ley y genera un enojo enorme en la sociedad”.
El proyecto establece condiciones más estrictas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Entre los puntos centrales, fija un límite máximo de 120 metros cuadrados para la vivienda, prohíbe amenities o lujos que conviertan la pena en un beneficio y equipara el régimen de visitas al del sistema penitenciario. También prevé la prohibición del uso de celulares e internet, salvo excepciones muy justificadas. “No puede ser que alguien condenado tenga más libertades en su casa que otra persona en una cárcel por el mismo delito”, remarcó.
Además, la iniciativa incorpora monitoreo electrónico obligatorio, controles sorpresivos y la revocación inmediata de la domiciliaria ante cualquier incumplimiento. “No podemos resignarnos a que esto sea un privilegio absoluto; si se detectan irregularidades, la pena debe cumplirse en una cárcel común”, afirmó Rosúa. El proyecto también crea un registro público de prisiones domiciliarias, con el objetivo de aportar transparencia y garantizar que la ejecución de las condenas sea igual para todos.
Fuente: Cadena3 Rosario
