Desde el 1 julio de 2026 todas las actuaciones de los organismos centralizados y descentralizados del Estado santafesino deberán gestionarse de manera digital. Habrá 9meses para adecuar los sistemas. Si los empleados y funcionarios incumplen con el decreto, podrán ser sancionados.

Adiós a los trámites en papel en la administración pública de Santa Fe.

   Este martes fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe el decreto 2518 firmado el pasado 3 de octubre por el Gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, por el cual se dispone que a partir del 1 de julio del año 2026 la Administración Pública Provincial -tanto centralizada como descentralizada- gestionará todas sus actuaciones exclusivamente por medios digitales.

   Todos los organismos lo deberán hacer a través de la Plataforma de Gestión Digital -PGD- “TIMBÓ”, que es un ecosistema para la tramitación de las gestiones de la administración, el que ya se encuentra implementada en las jurisdicciones de la administración pública central y está en vías de hacerlo en los organismos descentralizados.

   Desde el Gobierno se señala que en esta herramienta “no solo se han desarrollado los módulos de expedientes digitales y la firma digital de actos administrativos, sino que también incorpora funcionalidades como la producción de documentos y comunicaciones oficiales, la atención virtual y otras que se encuentran en proceso de implementación”.

   Esta medida se enmarca además en las acciones que se llevaron adelante para aplicar el “Programa de Despapelización a la Administración Pública” y la creación de “SIMPLE”, que es un Programa de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Provincial. En tal sentido, hubo capacitación continua, desarrollo de habilidades y uso extenso de tecnologías para funcionarios y agentes.

Expedientes digitales

   En tanto, el Gobierno remarca el avance del ecosistema digital, que permitió la incorporación de 22.803 expedientes electrónicos, 327 trámites internos y externos digitalizados y 117 trámites por Atención Virtual.

   Más allá que se destaca que muchas de las actuaciones se inician en soporte papel, se observa un crecimiento sostenido del uso del expediente electrónico. En julio de este año el 11% de los expedientes se inició en TIMBÓ, en agosto ascendió al 13% y en septiembre alcanzó el 18%, lo que representa un incremento intermensual cercano al 30%.

   Por tal motivo, y ante el crecimiento de los expedientes digitales, el ministerio de Gobierno e Innovación Pública decidió “establecer una fecha límite para la iniciación de gestiones administrativas en formato papel, disponiéndose que en adelante toda función propia de los órganos provinciales se ejercerá de manera digital”. Y desde la Secretaria de Gestión Pública se propuso situar la meta de máxima digitalización en un plazo de nueve meses, es decir, hasta el 30 de junio de 2026.

Aplicación y sanciones

   Además de disponer que desde el 1 de julio de 2026 todas las actuaciones de la Administración Pública Provincial serán exclusivamente por medios digitales, el decreto 2518 determina en su artículo segundo que desde esa fecha “no se podrá iniciar ninguna gestión en formato papel a través del Sistema de Información de Expediente (SIE), el cual funcionará bajo un esquema adaptado al objetivo de plena digitalización, que a tal efecto disponga la Secretaría de Tecnologías para la Gestión”.

   En el artículo 3 se establece que “las autoridades superiores de cada área de gobierno serán los encargados de asegurar el estricto cumplimiento de los artículos” del decreto, mientras que la Unidad de Gestión de la Plataforma de Gestión Digital -PGD- “orientará, operativizará y monitoreará la implementación de la presente medida, en el marco de sus facultades”.

   Por último, la normativa indica que tanto los agentes de la planta permanente, como las autoridades superiores, deberán adoptar “conductas compatibles” con los fines del decreto y que tenderán que adecuar “el inicio y tramitación de los expedientes”. Ante algún incumplimiento, los empleados y funcionarios podrán ser pasible de la responsabilidad administrativa que corresponda.

Fuente: LT9