Los ministerios de Género, Salud y Desarrollo Social hicieron una presentación ante el MPA por considerar que la ONG buscó impedir el derecho a decidir de la víctima, que fue captada por la asociación tras manifestar su voluntad de abortar.
Denuncinaron Grávida por interferir en la interrupción de un embarazo
El gobierno de Santa Fe denunció penalmente a la ONG Grávida por su accionar en torno al caso de la menor de 12 años abusada por su padre que manifestó su voluntad de abortar, y que luego de ello fue captada por esa asociación civil, que se opone a la interrupción legal del embarazo.
Según se informó oficialmente, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, la Provincia presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las distintas intervenciones que se sucedieron en el mencionado caso; de forma tal que la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA abra una investigación al respecto.
Para la Provincia, la ONG intentó “impedir el derecho a decidir” de la víctima, obstaculizando además el acompañamiento estatal.
En ese sentido, el escrito presentado ante el MPA explica: “La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”.
Y continúa: “Nos ocupa poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal sobre la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”.
“No puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado obstruyendo de esa manera el ejercicio de los derechos de una niña”, insiste el escrito.
Fuente: LT10/ Prensa Ministerio de Género
