En el plenario de ADPRA en Viedma, exigieron que se cumplan los requisitos de gradualidad y razonabilidad. Propusieron un Plan Nacional de Desarrollo Energético y la “eliminación de la pobreza energética en la República Argentina”.

Los defensores del Pueblo reunidos en Viedma.

   En el marco del plenario realizado en la ciudad de Viedma, los defensores del Pueblo de todo el país ratificaron la postura expresada en las audiencias públicas realizadas en distintos puntos de la Argentina para definir el valor de las tarifas de servicios públicos y exigieron “el respeto irrestricto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad”, para que los ciudadanos puedan acceder sin restricciones a los servicios básicos.

   En el documento final del encuentro celebrado en la provincia de Río Negro los funcionarios nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) propusieron “tarifas subordinadas a las paritarias para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y de los jubilados, jubiladas y pensionados”. Asimismo, reiteraron la necesidad de ampliar la tarifa social, “en especial a familias en situación socio económica vulnerable”. Y consideraron que también debe implementarse “tarifas regionales y tarifas especiales para empresas según la modalidad de producción”.

   Asimismo, se manifestaron a favor de la concreción de un Plan Nacional de Desarrollo Energético, elaborado entre el gobierno y las fuerzas políticas, “que se convierta en política de Estado y que trascienda una gestión de gobierno, con amplia participación de todos los sectores, instituciones públicas y privadas con injerencia en el tema, trabajadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales, universidades y Defensorías del Pueblo”.

   Los defensores del Pueblo del país también ratificaron su política de equidad, señalando que la tarifa debe aplicar “aumentos para quienes consuman residencialmente gas y luz en exceso, y teniendo una capacidad económica superior como grupo familiar”. En esa línea, propusieron “una política de promoción y concientización en el uso racional de la energía con intervención del Estado para promover sustitución de electrodomésticos, instalación de paneles solares, impermeabilización y aislamiento de las viviendas, bajo los principios de uso de energía renovable, eficiencia energética, construcción sostenible, movilidad eléctrica y alternativa”.

   Finalmente, los defensores exigieron “a los entes reguladores que cumplan con el rol que les corresponde, que es el control de las empresas concesionarias de servicios públicos en sus inversiones y obras, y defensa irrestricta de los usuarios”. Y propusieron “como objetivo la eliminación en toda la República Argentina de la pobreza energética entendida como la falta de acceso al agua potable y a la red cloacal y a la no afectación de más del 10 por ciento de los ingresos familiares para el pago de los servicios públicos”.

Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo de Santa Fe