El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Luciano Caturelli repudió la decisión tomada por el gobierno nacional de dar de baja a las pensiones por discapacidad.

   Si bien el tema tomó estado público en la última semana, desde la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad del Gobierno de Santa Fe se indicó que desde el mes de enero se detectaron casos de caída de esos beneficios no contributivos que afectaron a ciudadanos santafesinos y de todo el pais. Para el funcionario provincial “sacarle ayuda a una persona discapacitada es inmoral”.

   La decisión fue implementada por el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Carolina Stanley, quien reflotó el decreto 432 de Carlos Menem del año 1997 que pretendía quitar las pensiones graciables a las personas con "invalidez".

   El debate que alcanzó ribetes de escándalo a nivel nacional se dio luego de que trascendiera que en lo que va del año, el gobierno de Mauricio Macri suspendió las pensiones por discapacidad a unas 89.000 personas. Sólo en lo que va de junio, quitaron el beneficio de 4.776 pesos a unos 16.457 beneficiarios con capacidades diferentes.

   “Menem nunca aplicó ese decreto y tampoco lo hicieron los gobiernos posteriores. Ahora, por orden del actual presidente, se pretende alcanzar metas de reducción del gasto público con recortes a los sectores más vulnerables, contra toda lógica y sensibilidad. No tienen corazón”, dijo indignado Caturelli y añadió que “es incomprensible que se tomen este tipo de medidas y estamos profundamente preocupados por el impacto que esta decisión tendrá en los sectores más vulnerables del departamento San Martín, la provincia y el país”.

   El funcionario aseguró que en la provincia de Santa Fe se está ajustando el nivel de atención sobre los casos puntuales, cuyas denuncias se incrementaron en las últimas semanas, para contener a quienes dejaron de percibir las pensiones.

   “Mientras tanto, estamos a la espera de que desde la Nación se revea la medida ya que la decisión adoptada por el gobierno nacional se opone a la legislación nacional, a los tratados internacionales y principalmente a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional”, refirió.