El 80 % de los aspirantes no quiere chicos de más de tres años. Un informe destaca que, de ese modo, se  cree “poder evitar de este modo el tener que afrontar las historias previas de los niños”.

   Hace dos años, un juez de Familia decidió hacer pública parte de la historia de una niña, a quien le urgía encontrar una familia que la adoptara. El pedido de un hogar para Bea, una nena de diez años con una discapacidad, se replicó en los medios de comunicación de todo el país. Los días siguientes, el Registro de Adoptantes (Ruaga) recibió una centena de consultas y otras quince llegaron al juzgado. Bea aún no halló una casa, pero la situación sirvió para visibilizar la situación de otros niños mayores de 8 años que también llevaban tiempo de espera.

   El caso de Bea no es tan singular. El año pasado, las autoridades del Ruaga recibieron dos oficios para buscar personas que quisieran recibir a dos preadolescentes que habían manifestado su deseo de ser adoptados. Ninguno pudo responderse porque no se encontraron familias dispuestas a probar el desafío.

   Según datos oficiales, hay 1.800 personas inscriptas en el registro provincial Ruaga. De ellas, el 80 % se anotó para adoptar a niños menores de tres años.

   La realidad del sistema muestra otra cara. De las 48 adopciones que se concretaron el año pasado mediante el sistema del Ruaga (hubo otras 52 bajo el viejo sistema), sólo ocho fueron de niños menores de tres años. Hubo cuatro adopciones de recién nacidos, dos de niños menores de un año y dos de menores de dos. El resto tuvieron como protagonistas a niños de 3 a 12 años.

   De los últimos ocho oficios judiciales que salieron este año de los Tribunales rosarinos, dos buscaban un hogar para un niño de un año y medio, otro para una beba de dos meses y para un bebé de tres meses, y una beba de 7 meses. El resto era para niños mayores de esa edad: dos hermanos de 9 y 6 años, dos hermanas de 9 y 7, una niña de 3 años y medio, y un nene de cinco años.

   En el último informe del observatorio de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, el organismo advirtió sobre la desproporción entre la cantidad de parejas aspirantes a adopción y los niños declarados en estado de adoptabilidad. “Este es uno de los factores que genera que muchas parejas o personas que desean adoptar transcurran una larga cantidad de años en espera. Otro de los factores radica en las expectativas de los adoptantes respecto de esos niños y niñas, ya que suele generarse un desajuste entre las edades de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran mayormente en situación de adoptabilidad y los intereses de los adultos en su proyección de convertirse en padres”, señala el documento.

   Y completa que “se evidencia que los adoptantes usualmente desean bebés, posiblemente apostando a construir un vínculo lo más parecido posible a un hijo biológico, y creyendo poder evitar de este modo afrontar o acompañar las historias previas de los chicos”.

   Para Matías Figueroa, subsecretario de Asuntos Registrales de la provincia, el Estado debe “trabajar fuertemente para concientizar a quienes aspiran a adoptar para que amplíen su disponibilidad y consideren la situación de niños de más edad”, advirtió y destacó que existen casos de adopciones exitosas de niños de 12, 13 años o incluso más grandes.

Ponerse al día

   Después de muchos reclamos, este año la provincia puso en marcha una revisión del registro de adoptantes. El listado, de alcance nacional, comenzó a implementarse hace seis años, pero heredó los padrones que anteriormente circulaban en los Juzgados de Menores. Muchos llevaban años inscriptos y aún no habían sido evaluados por los profesionales que deben considerar si son aptos para adoptar.

   Desde hace dos meses, la dirección del Ruaga comenzó a citar a cada uno de los anotados en el padrón. Muchos ya habían cambiado de idea y se bajaron del listado: estaban más grandes, tenían otro proyecto de vida, habían logrado concebir o se habían separado de su pareja.

   Quienes siguen en carrera, en los próximos meses serán evaluados por psicólogos y trabajadores sociales que indagarán sobre su capacidad de recibir a un niño. Cuando termine el proceso, estiman en el registro, quedarán firmes unos 600 aspirantes y, según advierte el juez de Familia Marcelo Molina, “la provincia tendrá un registro ejemplar” que ayudará a agilizar la búsqueda de la familia adecuada para cada niño.

   “La gente tiende a pensar la adopción relacionándola con un bebé, pero hay múltiples situaciones: grupos de hermanos, niños con discapacidad, adolescentes”, apuntó el magistrado que hace dos años decidió, después de agotar toda otra alternativa, salir a buscar públicamente una familia para Bea.

   Sentado en su despacho, donde armó una galería con los dibujos que le dejan los chicos que alguna vez transitaron por el juzgado, Molina repasó las veces que después de presentarles la situación de un niño, los aspirantes a adopción le dijeron que no. “A veces da un poco de bronca”, confesó para agregar rápidamente que “no hay que juzgarlos, no lo hacen por falta de solidaridad. No es fácil decir que no después de años de espera por un niño, creo que en realidad lo que quieren decir es que no pueden”.

   No son situaciones fáciles, muchas veces se trata de niños que llevan mucho tiempo separados de su familia e institucionalizados, o que tienen distintas patologías. Cuando los jueces agotan la lista de aspirantes de la provincia, se realizan convocatorias nacionales, a veces no alcanza ni eso. Afortunadamente, apuntó Molina, “esos casos son contados con los dedos de una mano”.

Fuente: La Capital

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