Por decreto, se suspendieron las relaciones laborales de los últimos 6 meses del anterior gobierno. Una comisión revisará los nombramientos de Perotti y tendrá dos meses para expedirse.

Designaciones y contratos bajo la lupa de la gestión Pullaro.

   Mediante el decreto Nro. 38 del pasado 13 de diciembre, el Poder Ejecutivo ordenó suspender designaciones y contratos celebrados durante los últimos meses de la gestión de Omar Perotti y que puedan transgredir la Ley de Responsabilidad Fiscal, siempre que las personas afectadas no hayan tenido previamente una vinculación jurídica de empleo público o contractual con la Administración Pública Provincial.

   La suspensión implicará que los agentes aludidos cesarán en el desempeño de sus tareas y no cobrarán salarios hasta que se resuelva la situación.

   Previo a la suspensión, la persona deberá ser notificada y otorgársele una vista de tres días hábiles "para que expresen lo que consideren conveniente".

Comisión de revisión

   El decreto también plantea constituir una comisión de revisión que durante sesenta días, estudiará cada una de las designaciones efectuadas desde junio a diciembre.

   Ello, sobre la base de que la normativa vigente impide que seis meses antes de concluir la gestión, los gobernantes de turno realicen nombramientos o contrataciones que pudiesen incrementar el gasto público.

   La comisión se conformará en el ámbito del Ministerio de Economía y estará integrada por el titular de la Sindicatura General, el Fiscal de Estado, la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, y la Subsecretaria de Recursos Humanos y Función Pública.

   Podrá proponer la revocación de los actos administrativos o extinción de contratos que se consideren ilegítimos o contrarios al ordenamiento jurídico vigente, y proyectar los actos que resulten necesarios a tales fines.

   También, proceder al análisis de actos administrativos o contratos emitidos o celebrados con anterioridad a la fecha citada (junio de 2023) "cuando se detecten vicios de ilegitimidad susceptibles de incidir en su validez".

   Asimismo, tendrá a su cargo la revisión de los actos administrativos citados y que dispongan "designaciones de personal en carácter permanente o en carácter de titulares en cargos subrogados, el otorgamiento de nuevos suplementos y la contratación de servicios de personal en carácter transitorio afectando cargos vacantes de la planta permanente, temporaria y contratada y horas cátedra de la Administración Pública".

Revisarán las designaciones y contratos

   En los considerandos del decreto se sostiene que es "imprescindible revisar los actos administrativos y contratos referidos; y analizar su legitimidad y adecuación al ordenamiento jurídico administrativo vigente".

Suspenden llamados a concurso

   La comisión revisora analizará las asignaciones de funciones de mayor jerarquía en tanto se dispone la suspensión de la realización de nuevos llamados a concurso para la cobertura de cargos vacantes y de todas las convocatorias en marcha, que no se encontraren concluidas con las correspondientes designaciones resultantes del proceso selectivo, y correlativa toma de posesión de los designados".

Evaluarán cada caso

   El decreto plantea que los titulares de las áreas respectivas evaluarán los casos en los que puedan proceder jurídicamente "a la rescisión unilateral de los contratos de locación de servicios personales vigentes en su ámbito de competencia, cuando se verifique que no ha existido efectiva prestación de servicios, existan incumplimientos de los términos contractuales pactados o el plazo de vigencia del vínculo contractual se superponga con el desempeño del contratado en funciones de carácter político".

   Ministros y secretarios, asimismo, deberán analizar en sus respectivas áreas las asignaciones de funciones de mayor jerarquía provenientes del otorgamiento del Suplemento por Subrogancia.

Adscripciones

   Por otro decreto, el Ejecutivo resolvió dejar sin efecto las adscripciones y comisiones de servicio de los agentes pertenecientes a cualquier área, que estén bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, pero asignados a las cámaras legislativas, Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo.

   Tales agentes deberán reintegrarse a sus funciones originales.

Fuente: El Litoral