Legisladores de la oposición realizaron una presentación judicial en Rosario para que se investigue la polémica licitación del Ministerio de Seguridad para adquirir más de 12000 armas para la policía santafesina.
El Frente Progresista lleva la licitación por compra de armas a la Justicia.
Integrantes del interbloque de diputados y diputadas del Frente Progresista se presentaron a realizar una demanda en el Centro de Justicia Penal de Rosario para que se investiguen los pormenores de la polémica licitación para la compra de más de 12000 de armas que iba a realizar el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, proceso que tuvo una suspensión administrativa y una medida judicial por un amparo presentado por una empresa que quiso participar del pliego. “Hay fuertes sospechas de que con esta licitación se está intentando favorecer a una empresa determinada, por eso nos presentamos ante la Justicia en representación de los santafesinos y santafesinas perjudicados” señalaron los legisladores.
Juan Cruz Cándido y Lionela Cattalini, integrantes de la Comisión de Seguridad de la cámara baja, junto a sus pares Rosana Bellatti y Esteban Lenci presentaron una denuncia penal para que se investiguen hechos que podrían constituir delito en el marco de la compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad. En el pliego licitatorio el área de seguridad agrupó todos los ítems dentro de un único renglón, estipulándose que se desestimaran las ofertas que no incluyen todos los ítems dentro del renglón ofertado maniobra por la que solo podrían presentarse las empresas que comercialicen todos los ítems algo que no abunda el mercado local.
"Las sospechas en la licitación no las tenemos solamente nosotros, el propio Ministerio de Economía pidió suspender la licitación y luego se sumó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo" explicaron. Además adelantaron que los delitos que se piden investigar son "fraude a la administración pública en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"El Ministerio de Seguridad en lugar de ocuparse de los reclamos de la gente, pareciera que está viendo cómo puede favorecer a determinada empresa. Estamos hablando de una licitación de 1400 millones de pesos aproximadamente. Además, de las 10 licitaciones que iban a llevar adelante, cumplieron con una, la segunda es ésta que queda suspendida, en un contexto de recrudecimiento del delito y de los indices de violencia, no entendemos las demoras en la gestión de un área que requiere agilidad" manifestaron radicales y socialistas.
La licitación fue puesta bajo la lupa de los integrantes de la Legislatura santafesina luego de que el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, se ausentara de la reunión de trabajo a la que fue invitado por la Comisión de Seguridad. Ese mismo día hizo circular un informe por whatsapp para periodistas donde afirmaba que las armas “estaban próximas a ser adquiridas”. Cuando empezaron a buscar más datos, se encontraron con que en realidad la licitación había sido suspendida el 2 de febrero por lo que se impulsó un pedido de informes en la cámara baja. El día previo al debate en el recinto también se conoció una denuncia que realizó la empresa Bersa S.A por sentirse perjudicada por no poder participar de la licitación.
