La provincia adhirió a la norma nacional y busca perseguir no solo a los ejecutores, sino a toda la estructura de las organizaciones delictivas. Las principales modificaciones en la forma de perseguir el delito en la bota santafesina.

Ley antimafia: las principales modificaciones en la forma de perseguir el delito en Santa Fe. (Foto Ilustrativa)

   La adhesión de Santa Fe a la ley antimafia, que este jueves obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia, no agrega solo una herramienta más al sistema penal: plantea un cambio en la forma de entender y perseguir el delito organizado. En términos simples, el giro es este: dejar de mirar el último eslabón -el que ejecuta- para avanzar sobre toda la cadena que sostiene el negocio criminal.

   “No se va a perseguir al soldado, al que está en el búnker, al que ejecuta el delito”, explicó la diputada provincial Ximena Sola. En cambio, la investigación apunta a “ir por el dinero, por los bienes, por la estructura que sostiene el delito”.

   Durante años, en Rosario la imagen dominante del delito fue la del joven armado que vende droga o disputa territorio. La ley, impulsada en su momento por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, parte de la idea de que ese enfoque es insuficiente.

   “Es una ley diseñada para atacar a fondo todos los niveles de una organización”, sostuvo Sola, y definió la norma como una “herramienta de última generación”. Eso implica ampliar el foco: no solo el que vende o dispara, sino también quien organiza, financia, transporta o lava el dinero.

   Uno de los cambios más fuertes que introduce la ley es la equiparación de responsabilidades dentro de una organización delictiva. “Desde el primero hasta el último, todos van a tener la misma pena, que va a ser la máxima”, explicó la legisladora.

Sanciones

   Las penas previstas van de 8 a 20 años y se aplican a todos los integrantes de la organización, sin diferenciar jerarquías. La lógica es clara: si el delito funciona como sistema, la respuesta penal también debe serlo.

   El gobernador Maximiliano Pullaro leyó la aprobación en clave más amplia. “Santa Fe dio otro paso para terminar con un sistema garantista que durante mucho tiempo fue incapaz de ponerle un freno a las organizaciones criminales”, sostuvo.

   Y agregó los ejes que el gobierno busca consolidar: “Más coordinación, más investigación, penas más duras y un mensaje claro”.

   La propia Sola reconoce que el contexto también cambió. El narcotráfico sigue presente, pero mutó en su forma de operar: menos estructuras fijas, más movilidad. “Más delivery, más motitos trasladando la sustancia”, describió, en línea con lo que ocurre en otras ciudades. “El delito se recicla si no se va por toda la organización criminal”, enfatizó.

   Ahí aparece el sentido de la norma: evitar que, al detener a un eslabón, otro lo reemplace de inmediato. La apuesta es ir sobre la estructura completa para dificultar ese recambio permanente.

   La legisladora se mostró optimista: “El narcotráfico no ha desaparecido, pero sí podemos decir que está acorralado”.

Fuente: Uno Santa Fe