El Dr. Sergio Martyniuk, abogado del fiscal Diego Rodríguez y Barros, denunció irregularidades en la acusación legislativa contra su defendido. Advirtió que se vulnera el derecho de defensa y se pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho.

El abogado Sergio Martyniuk calificó de "irregular e ilegal" el escrito de acusación enviado por la Legislatura contra el fiscal adjunto Diego Rodríguez y Barros.

   En el marco de la causa que mantiene suspendido al fiscal adjunto de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, su abogado defensor, Sergio Martyniuk, lanzó duras críticas contra la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina. El letrado calificó de "hecho de extrema gravedad institucional" el reciente escrito de acusación por cuestiones disciplinarias, denunciando que el documento contiene “irregularidades, ilegalidades y un llamativo desconocimiento de la causa”.

   Según Martyniuk, esta maniobra legislativa es “una reacción del Estado ante la imposibilidad de avanzar en el fuero penal por inexistencia de evidencias objetivas”. El   abogado enfatizó que la situación trasciende el caso particular, señalando que lo que realmente está en juego es “la vigencia real del Estado de Derecho” en la provincia.

Antecedentes del caso

   La situación procesal del funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se remonta a fines de noviembre pasado, cuando la Legislatura provincial resolvió su suspensión preventiva en medio de un proceso disciplinario por una presunta falsa denuncia de robo. Posteriormente, en una audiencia de revisión realizada en marzo en los tribunales de San Jorge, el juez Sergio Carraro ratificó la medida solicitada por el fiscal Ezequiel Hernández.

Un riesgo institucional silencioso

   Para Martyniuk, el escenario trasciende el caso puntual. “Hoy no está en juego solo la situación de un fiscal, sino algo mucho más profundo: la vigencia real del Estado de Derecho”, advirtió. Asimismo, alertó sobre un “riesgo institucional silencioso” en la provincia de Santa Fe, al considerar que se estarían vulnerando principios básicos del sistema democrático.

   En su análisis, el abogado remarcó que cuando el poder político construye acusaciones sin sustento, introduce pruebas cuestionables o limita el derecho de defensa, “se cruza una línea peligrosa”. “El derecho de defensa no es un privilegio, es una garantía básica. Su vulneración no afecta solo a una persona, sino que debilita la confianza de toda la sociedad en la justicia”, enfatizó.

   Finalmente, el defensor subrayó la necesidad de preservar instituciones “fuertes pero, sobre todo, justas”, y llamó a observar con atención lo que ocurre. “Cuando se naturalizan los abusos, mañana pueden recaer sobre cualquiera”, concluyó.