Lo anunciaría Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el domingo próximo. El gravamen está en el 30% y podrían llegar al 33%. Esas divisas financiarán el bono de 20.000 pesos a jubilados y la quita de retenciones a economías regionales.

El Gobierno planea subir 3% las retenciones a la soja.

   El Gobierno cuenta ya con la facultad de elevar desde el 30 por ciento actual hasta el 33% las alícuotas por los derechos de exportación. El 33% es el tope. La suba la autorizó la denominada «Ley de Emergencia», votada por el Congreso a fines de diciembre.

   En el caso de la soja, la ley autoriza aumentar de 30% a 33% y para trigo y maíz la suba podrá ser de 12% a 15%, aunque estableció además compensaciones para pequeños productores y cooperativistas.

   Para productos agroindustriales de economías regionales se establecía una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se redujo el tope del 12 al 8%. Fernández haría el domingo un nuevo llamado a “todos los sectores” para que hagan “su aporte”, entre los cuales, claro está, incluye al sector agropecuario.

   Antes se producirá la reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y los ruralistas agrupados en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que sería durante esta semana pero aún no tiene fecha ni hora. Basterra logró la semana pasada frenar la definición de medidas de fuerza de parte de los productores con la promesa de este encuentro.

   Según trascendió, el aumento servirá para que el Gobierno tenga un ingreso mayor de divisas y, en ese sentido, tratar de contrarrestar el déficit fiscal que atraviesa al país. La mayor recaudación serviría también para reducir las retenciones a las economías regionales y para financiar el nuevo bono para los jubilados, que rondaría los 20.000 pesos.

   En tanto, el ánimo en el campo, justamente por el tema de las retenciones, es malo y presionan a las dirigencias para que endurezcan la posición. Reclaman fundamentalmente que la política también se ajuste y ‘haga su aporte’.

   El viernes pasado, los productores de Apronor y de la Sociedad Rural de Tucumán no esperaron a la decisión de la CEEA y definieron un cese de comercialización de 7 días, desde el lunes 2 de marzo.

   Las entidades afirman que con Basterra hay buen diálogo, pero que tiene “limitaciones” para evitar las decisiones que complican al agro, como el aumento de los derechos de exportación.

Fuente: Súper Campo