El proyecto les da 12 meses a los actuales prestatarios para adecuarse a la norma y les otorga una concesión por siete años. Luego se licitarán paquetes de rutas por 10 años. Dudas sobre los controles.

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   La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley que busca regular el sistema de transporte en la provincia. La actual norma data de 1934 y en los sucesivos años se le fueron poniendo parche sobre parche. El siniestro del 24 de febrero de 2017 en la ruta 33, en el kilómetro 779 –entre las ciudades de Pérez y Zavalla, cerca de Rosario, que involucró a dos micros de la empresa Monticas y que dejó 13 muertos, fue un hecho que expuso la precariedad del sistema de transporte en la provincia.

   A partir de ese luctuoso suceso en la Legislatura se empezó a trabajar sobre cuatro proyectos que intentaban regular el transporte en la provincia: uno del senador Rubén Pirola –que obtuvo media sanción y pasó a Diputados–, uno del diputado Julio Eggimann, otro del entonces diputado Roy López Molina (actual concejal de Rosario) y un mensaje del Poder Ejecutivo. Con esas iniciativas se armó un único dictamen que fue transitando las diferentes comisiones hasta llegar al recinto y ser aprobado con 31 votos a favor, ocho abstenciones (del interbloque Cambiemos) y cuatro votos en contra, de los legisladores de Igualdad y Participación y del Frente Social y Popular.

   Clara García fue la encargada de dar a conocer los principales puntos del proyecto de ley. La legisladora del socialismo aseguró que todas las fuerzas políticas trabajaron para darle forma al texto y que se tuvo en cuenta la voz de todos los actores vinculados al sistema, desde los empresarios, usuarios, municipios y comunas, especialistas, universitarios y técnicos.

   "Este es un servicio público que atraviesa a toda la ciudadanía y requiere integralidad, ser sustentable y contar con una regulación del Estado muy estricta porque trasladan a millones de personas", dijo y remarcó el cambio que se da en las concesiones de los corredores que hasta el momento son permisos precarios.

   "La concesión es uno de los puntos más importantes ya que los pliegos contarán con plazos y con una inversión que consideramos necesaria. La compra de unidades y el mantenimiento es otro de los puntos allí expresados", expresó y aclaró que el Estado tendrá un rol importante para garantizar esas inversiones y recordó que hace poco más de dos años otorgó créditos con tasa subsidiada a pymes santafesinas para la compra de unidades.

   Los pliegos de concesión tendrán una vigencia de 10 años y García aseguró que la ley tiene en cuenta a las pyme locales que son prestatarias de servicios en la  actualidad. En ese sentido, se establece que a partir de que el gobernador firme el decreto reglamentario de la ley las empresas que hoy están brindando servicios tendrán 12 meses para adecuarse a las nuevas exigencias que plantea la norma.

   Una vez cumplido ese plazo deberán superar una serie de auditorías para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Si eso sucede, automáticamente el Estado santafesino les concesionará por siete años los servicios que vienen prestando. De lo contrario pasarán a una licitación abierta a otras empresas.

   Eso está contemplado en el artículo 43 de la ley que fue uno de los más cuestionados, incluso por diputados que acompañaron la ley en general. Ese fue el caso de gran parte de los diputados del peronismo, ya que entendieron que de esa forma se estaba otorgando una concesión directa.

   Por otra parte, García explicó que se armarán paquetes de corredores a licitar donde se buscará un equilibrio y que cada oferta contenga rutas con mucha demanda de pasajes junto a otras con menos atractivo para los privados. De esa manera se quiere garantizar que no queden servicios sin cobertura.

   También se propone una fórmula para definir la tarifa de los servicios y que eso esté monitoreado por las universidades públicas y un consejo consultivo que crea la propia ley. Asimismo se contempla que los beneficios de descuentos y bonificaciones en pasajes que hoy tienen los distintos usuarios sigan vigentes.

   Para Eggimann, la ley deja atrás una etapa de concesiones provisorias y le da un verdadero carácter de servicio público al transporte interurbano de pasajeros. Además, la regulación también avanza sobre los servicios a demanda, como los remises y los transportes escolares.

  "Tenemos un modelo donde los empresarios hacen cualquier cosa. Acá planteamos una autoridad de aplicación fuerte, con controles y reglas claras para que no haya dudas de cuándo debe darse la caducidad de una concesión", dijo Eggimann y agregó: "La tragedia de Monticas la debe esclarecer la Justicia, pero marca el fin de una etapa. Nosotros estamos dando una respuesta desde la política".

   Sin embargo, los controles estatales fueron uno de los ejes del debate. El radical Santiago Mascheroni preguntó de forma abierta cuáles fueron los controles sobre el sistema hasta ahora y aseguró que "hay muchas denuncias de los usuarios, que en ocasiones son llevados como ganado, que no tienen solución".

  Por otra parte, planteó que la eficacia de la prestación de los servicios depende de que las empresas tengan garantizada la rentabilidad y se preguntó de qué manera se va a garantizar que las grandes empresas del transporte no se vayan a quedar con el mercado de las más pequeñas. Además, marcó que en la actualidad ya se producen inequidades en el reparto de subsidios.

   En ese sentido dijo que en el norte provincial hay 607 unidades prestando servicios para recorridos que suman 5 millones de kilómetros. Mientras que en el sur hay 742 unidades registradas para el servicio interurbano con recorridos que suman 3,9 millones de kilómetros. Sin embargo, el Estado aporta en el norte $13,22 por coche y en el sur paga $23,40.

Los rechazos

   El diputado Carlos del Frade (FSP) planteó que filosóficamente su bloque estaba en contra de la ley al entender que el transporte es un servicio público y no un negocio de privados que tiene que garantizar el Estado. También criticó que la inclusión de los usuarios en la ley "es en un telón de fondo" y que tendrán participación "en un consejo consultivo y no en un consejo resolutivo".

   Por su parte, Rubén Giustiniani (IP), marcó dos falencias en la ley que, entiende, son centrales. La primera tiene que ver con que la norma fija que el Poder Ejecutivo tendrá un año para enviar a la Legislatura un proyecto de ley para crear el ente de control del sistema de transporte. Para Giustiniani la creación del ente ya debería estar en la presente ley y no dejarlo librado a un gobernador que todavía no asumió su cargo.

   El otro punto cuestionado por el legislador rosarino fue que para la regulación de las tarifas no están contempladas las audiencias públicas, algo sobre lo que ya falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

   Ante los cuestionamientos, los diputados Fabián Palo Oliver dijo que no existe en la Argentina un sistema de transporte estatal y que a lo sumo puede haber casos de servicios mixtos, estatales privados. "No hay sistema si no hay rentabilidad. El Estado lo que debe garantizar es que se preste un servicio en buenas condiciones", concluyó.

   En tanto, Rubén Galassi advirtió que "a veces por ir por todo o nada nos podemos quedar sin nada". Además, Galassi invitó a presentar sus propios proyectos a los diputados que no están de acuerdo con el sistema que se prevé en esta iniciativa porque "el espíritu de la misma piensa en la rentabilidad de los empresarios". También defendió que "si en 80 años no se pudo avanzar en un organismo de control y esta ley lo contempla, es un avance".

   Ahora la norma está en manos de los senadores. Según confió García a UNO Santa Fe, el proyecto fue consensuado con los integrantes de la Cámara alta, por lo que no debería tener inconvenientes para ser aprobado. Luego quedará la reglamentación por parte del Ejecutivo, aunque todos prevén que eso será para el gobierno de Omar Perotti.

Fuente: Uno Santa Fe

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